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Voluntary National Review 2018

MENSAJES PRINCIPALES INFORME NACIONAL VOLUNTARIO  2018
REPUBLICA DOMINICANA

República Dominicana muestra logros importantes en el cumplimiento de la Agenda 2030, pero enfrenta desafíos en la superación de brechas económicas, sociales, ambientales, institucionales y de políticas.

El país tiene un sólido compromiso con la Agenda 2030 con un nivel de alineamiento del 72% entre los ODS y la Agenda Nacional de Desarrollo (END 2030).

Se ha mantenido un robusto crecimiento económico con tasas superiores a los demás países de la región. Desde los noventa, la tasa de crecimiento promedio anual del PIB es de más del 5%, y en los últimos cuatro años ha superado el 6,5% promedio anual. Los niveles de Pobreza se han reducido del 40% en 2003 al 25.5% para pobreza monetaria y 21% para la pobreza multidimensional actualmente. El ingreso per cápita ha incrementado de US$4,196 a US$7,112 en la última década colocando al país como una economía de ingreso medio alto. Sin embargo, se requiere de mejores resultados y mayor eficacia de las políticas públicas en términos de abordar problemas estructurales en materia de ocupación, inequidades de genero y calidad de los servicios públicos.

El desempleo se ha reducido en los últimos anos de 7.7% en el 2014 a 5.1% en el 2017. Aun persiste una alta tasa de informalidad mientras que el desempleo afecta especialmente a la juventud, mujeres y hogares pobres. La política nacional de empleo debe hacer énfasis en esas poblaciones.

Siendo una de las principales actividades de la economía y la principal generadora de divisas, el turismo creció sistemáticamente en 10.6% en los últimos cuatro años, aunque debe diversificarse. Los sectores Agropecuario y Agroindustrial producen más del 85% del consumo local, las manufacturas han perdido peso en la economía, a pesar de que las políticas públicas se han esforzado por expandir el acceso al crédito de las pequeñas industrias. Los impactos ambientales del turismo son poco conocidos y deben desarrollarse indicadores que aproximen a la sostenibilidad de la actividad. La manufactura explica menos de 14% del PIB, y ha venido perdiendo empleos. Las estadísticas oficiales no recogen datos sobre las pequeñas industrias. Urge desarrollar indicadores para hacer mejores políticas. 

Casi el 90% de la población tiene acceso a la telefonía móvil pero sólo la mitad al Internet y apenas un 27% tiene acceso propio por computadoras o tabletas.

La población viviendo en tugurios se ha reducido, pero todavía el 12.1% vive en asentamientos informales y en viviendas inadecuadas.  Estas son vulnerables a eventos meteorológicos extremos, los cuales impactan frecuentemente al país. Un desafío es monitorear sistemáticamente la vivienda y el impacto de los desastres para diseñar políticas de resiliencia.

Los esfuerzos por promover la producción y consumo sostenible son incipientes. El país cuenta con un marco legal propicio, pero con pocos indicadores que soporten las políticas.

Ha habido progresos hacia un Estado transparente, pero, el camino hacia niveles satisfactorios de transparencia, institucionalidad y justicia es todavía largo. Las tasas de crímenes y homicidios se han incrementado en los últimos años. Indicadores muestran barreras para el acceso a la justicia y evidencias de corrupción y desconfianza en instituciones.

La restricción fiscal es una barrera para la Agenda 2030. La presión tributaria es de 14% del PIB, la Ayuda Oficial al Desarrollo no alcanza el 0.1% del PIB. En 2017 la deuda del sector público fue de 48% del PIB. La inversión extranjera directa oscila entre 3% y 4% del PIB y las remesas alcanzan el 8% del PIB.

Hay avances de planificación, se incorporan los compromisos internacionales a la planificación nacional, aunque hace falta una vinculación entre planificación y presupuestos públicos. También hay insuficiencia de indicadores sobre desarrollo sostenible, particularmente los medioambientales.

Se trabaja en identificar objetivos y combinaciones de políticas que impulsen las sinergias y aceleren el avance de la Agenda 2030 mediante cinco objetivos: 1. Reducir de la pobreza multidimensional, 2. Mas competitividad y empleos decentes, 3. Promover la producción y el consumo sostenible, 4. Lograr poblaciones resilientes al cambio climático y otros riesgos, y 5. Lograr una institucionalidad del Estado sólida e incluyente.

El Informe Nacional Voluntario se enfoca en los aceleradores 1 y 3, y pasa balance a la oferta de políticas y las brechas que persisten.

 

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