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En Colombia el 28% de los hogares se encuentran en condición de inseguridad alimentaria moderada o grave, reflejando la necesidad de un cambio profundo que permita garantizar el derecho humano a la alimentación de todos los colombianos. El cuarto Reporte Nacional Voluntario que presenta Colombia evalúa los avances obtenidos en la implementación de la Agenda 2030 y propone una reflexión sobre la compleja situación del país en la lucha contra el hambre, acentuada por los efectos adversos del cambio climático y el conflicto armado.
Con la participación de diferentes sectores, incluyendo representantes de la sociedad civil, el sector público, la academia y la cooperación internacional, el Reporte propone acciones orientadas a la inclusión, la sostenibilidad y el respeto por la diversidad, y hace un llamado a garantizar el derecho humano a la alimentación en Colombia a través de una construcción colectiva. El departamento de La Guajira, una de las regiones que enfrenta mayores desafíos, sirve como estudio de caso.
Garantizar el Derecho Humano a la Alimentación
La inseguridad alimentaria y nutricional tiene profundas implicaciones más allá de la insuficiencia de alimentos, afectando todas las esferas del desarrollo sostenible. Esta situación compromete severamente los derechos humanos, en especial a grupos poblacionales vulnerables e históricamente marginados, que, además de ver afectado su derecho a la alimentación adecuada, se ven expuestos a la pobreza extrema, la discriminación social y laboral, los desastres naturales y fenómenos meteorológicos, la violencia y el desplazamiento forzado.
La garantía del derecho humano a la alimentación no solo requiere medidas focalizadas, sino transformaciones sistémicas orientadas a atender factores subyacentes, como la erradicación de la pobreza en todas sus dimensiones, con énfasis en la ruralidad, la adaptación al cambio climático y la consecución de la Paz Total.
Dimensión territorial. Colombia enfrenta desafíos significativos en términos de seguridad alimentaria y nutricional, con variaciones marcadas entre regiones, grupos étnicos y sectores socioeconómicos. La heterogeneidad territorial, el impacto del cambio climático y las desigualdades estructurales exacerban la vulnerabilidad interseccional de ciertas poblaciones, perpetuando ciclos de pobreza y malnutrición.
En este contexto, las dinámicas socioculturales y las políticas públicas juegan un rol crucial. Las políticas enfocadas en el fortalecimiento de la agricultura familiar, el apoyo a la producción agroecológica, y la implementación de sistemas de garantía del derecho a la alimentación pueden contribuir a mitigar la inseguridad alimentaria. La promoción de prácticas agrícolas sostenibles, junto con el fomento de cadenas de valor locales y la creación de mercados regionales, son estrategias clave para aumentar la resiliencia de los sistemas agroalimentarios frente a los desafíos multifacéticos que enfrenta Colombia.
El ciclo de vida y las consecuencias del hambre en la niñez sobre las otras etapas. La inseguridad alimentaria tiene consecuencias profundas y duraderas a lo largo del ciclo de vida, especialmente durante etapas críticas como el embarazo y la primera infancia. Estos efectos se extienden más allá de la salud individual, afectando el desarrollo socioeconómico del país.
Gobernanza de sistemas agroalimentarios.Los sistemas agroalimentarios de Colombia enfrentan desafíos multidimensionales, incluyendo brechas en la producción, distribución y acceso a alimentos de calidad. La gobernanza fragmentada, la falta de coordinación intersectorial y las deficiencias en transparencia y rendición de cuentas limitan la capacidad para responder efectivamente a las crisis alimentarias.
Resulta necesario transformar los sistemas agroalimentarios hacia la sostenibilidad, diversificación, descentralización e inclusión, considerando las condiciones internas y externas que los impactan, a través de un enfoque de gobernanza sistémico, coordinado y participativo.
Participación social y comunitaria. La participación social y comunitaria resulta fundamental para el éxito de las políticas de lucha contra el hambre. El empoderamiento de las comunidades, especialmente mujeres y grupos étnicos, no solo mejora la relevancia y eficacia de las intervenciones, sino que promueve el desarrollo sostenible y equitativo.
¿Cómo enfrenta la política pública estos desafíos?
Colombia transita hacia un enfoque de política pública que reconoce la alimentación como un derecho humano y busca superar la perspectiva asistencialista tradicional. Este cambio de paradigma requiere una reestructuración de la gobernanza para los sistemas agroalimentarios, la adopción de un enfoque intersectorial para atacar las trampas de pobreza, el fortalecimiento de las capacidades locales y el apoyo del sector privado a través de la innovación y la generación de alianzas.
