Welcome to the United Nations
Chile
Voluntary National Review 2017
Chile reafirma su compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual debe contar con la participación de todos y todas para “que nadie se quede atrás”.
Con la creación del Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, integrado por los Ministerios de Relaciones Exteriores; de Economía, Fomento y Turismo; de Desarrollo Social y de Medio Ambiente, se ha avanzado en la instalación, difusión y construcción de un diagnóstico nacional sobre los Objetivos, identificando las políticas públicas y acciones privadas para su logro, así como las brechas y desafíos.
Se ha organizado una Red Gubernamental ODS y conformado Comisiones y Grupos de Trabajo integrados por organismos públicos, sector privado, sociedad civil, academia y Sistema de Naciones Unidas.
Destacan la ejecución de talleres de difusión y diálogo nacionales y regionales convocados por el Gobierno y “Diálogos para un Chile Sostenible” impulsados por la sociedad civil. Además, el diálogo público-privado en Consejos de Sociedad Civil, entre ellos el Consejo Nacional Indígena y el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Economía.
Chile siendo un país de ingreso medio, miembro de la OCDE y una de las economías más abiertas del mundo, tiene importantes desafíos de largo plazo: alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo, disminuyendo la pobreza y la desigualdad, enfrentando el cambio climático y fortaleciendo las instituciones para la democracia.
El país reafirma el carácter integral, indivisible, universal y no jerarquizable de los ODS, de responsabilidad compartida entre Estado, sociedad civil y agentes económicos para un desarrollo económico y social; en un marco de crecimiento económico inclusivo, trabajo decente y productivo; con protección y promoción de los derechos humanos, mediante políticas no fragmentadas, redistributivas, y con énfasis en la inversión social; regulando los derechos de las personas en los mercados, potenciando la cohesión social, la no discriminación y la sostenibilidad medioambiental.
La Agenda 2030 es consistente con el Programa de Gobierno y las reformas realizadas y en curso -Tributaria, Educacional y Laboral- así como con la expansión del Sistema de Protección Social. Estos esfuerzos, junto al desarrollo de una sólida institucionalidad en materia indígena y de niñez, buscan disminuir las desigualdades, garantizar derechos y fortalecer la inclusión.
Cabe destacar que en el ámbito social, la pobreza por ingresos se ha reducido a 11,7% (2015) bajo la metodología nacional y 0,3%, con la metodología internacional . Sin embargo, el 20,9% de la población vive en pobreza multidimensional y la desigualdad de ingresos continua alta. Se requieren por lo tanto acciones integrales de protección, promoción de capacidades y respeto de derechos, especialmente de manera transversal a grupos más vulnerables –mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas, inmigrantes, personas mayores, con discapacidad y en situación de calle-, reduciendo además brechas de género y territoriales.
La Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento promueve la diversificación de la matriz productiva, impulsa sectores con alto potencial, democratiza el emprendimiento e innovación, aumenta la productividad y competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas. El Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible y el Consejo Consultivo de Género, velan por la implementación de políticas públicas en materias de responsabilidad empresarial, social e igualdad entre mujeres y hombres. La Iniciativa de Paridad de Género, es una alianza público-privada para acortar brechas económicas de las mujeres. El Proyecto Promociona Chile, permite que se integren más mujeres en cargos de alta dirección en las empresas privadas.
La política ambiental establece condiciones e incentivos para avanzar hacia la sustentabilidad, garantizando la calidad de vida, equidad ambiental y protección de ecosistemas, impulsando una estrategia de crecimiento verde mediante el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, el Programa Nacional de Consumo y Producción Sustentable, e instrumentos de mercado en gestión ambiental. Además, ampliando las áreas protegidas, una Estrategia Nacional de Biodiversidad y la discusión legislativa del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, una Ley del Reciclaje y nuevos planes de descontaminación atmosférica para las ciudades. El sistema de evaluación de impacto ambiental, la promoción de gestión ambiental local y la evaluación ambiental estratégica del territorio Impulsan la gestión sustentable del territorio. Asimismo, contribuyen la Academia de Formación Ambiental y la Red de Centros de Educación Ambiental.
El acceso a la justicia, el fortalecimiento de las instituciones, la democracia y la participación ciudadana sustentan el desarrollo inclusivo y sostenible, siendo la Agenda de Probidad y Transparencia reflejo del compromiso por mejorar la calidad de la política y la actividad pública.
Finalmente, Chile ratifica su compromiso por revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible y los mecanismos de gobernanza global, por una sociedad pacífica, justa, inclusiva y libre de violencia.
*Originally submitted in Spanish and translated to English by the Secretariat
Chile reaffirms its commitment to the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals, which require the engagement of all actors to ensure that no one is left behind.
With the creation of the National Council for the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, composed of the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Economic Affairs, Business Development and Tourism, the Ministry of Social Development and the Ministry of the Environment, progress has been made in establishing, disseminating and developing a national study relating to the Sustainable Development Goals in order to identify public policies and private initiatives that could contribute to their implementation, and also address gaps and challenges.
A government network for the Sustainable Development Goals has been developed, and committees and working groups composed of public institutions, the private sector, civil society, academia and United Nations system organizations have been established.
Other notable initiatives include awareness-raising workshops, national and regional dialogues hosted by the Government and the “Dialogues for a Sustainable Chile” organized by civil society. In addition, public-private dialogues were conducted through civil society councils, including the National Indigenous Council and the Council of Social Responsibility for Sustainable Development of the Ministry of Economic Affairs.
As a middle-income country, a member of the Organization for Economic Cooperation and Development and one of the most open economies in the world, Chile faces significant long-term challenges: reaching sustainable and inclusive development; reducing poverty and inequality; addressing climate change; and strengthening democratic institutions.
Chile reaffirms the integrality, indivisibility, universality and equal importance of the Sustainable Development Goals, which must be implemented as a shared responsibility between the State, civil society and economic actors in order to achieve sustainable economic and social development within the framework of inclusive economic growth; decent and productive work; the protection and promotion of human rights, through non-fragmented, redistributive policies with an emphasis on social investment; and by regulating the rights of market actors and promoting social cohesion, non-discrimination and environmental sustainability.
The 2030 Agenda is in line with the government programme, the previous and ongoing tax, education and labour reforms, and the expansion of the social protection system. These efforts, together with the development of strong institutions focused on indigenous peoples and youth, aim to reduce inequalities, protect rights and strengthen inclusion.
In the social sphere, income poverty has decreased to 11.7 per cent of the population (as at 2015) according to the national calculation method, and to 0.3 per cent according to the international calculation method. However, 20.9 per cent of the population experiences multidimensional poverty and marked income inequality persists. Consequently, comprehensive and cross-cutting efforts are required to protect, strengthen the capacities and guarantee the rights of vulnerable groups — women, youth, indigenous peoples, immigrants, the elderly, persons with disabilities and homeless people — while reducing gender and geographical gaps.
The Productivity, Innovation and Growth Agenda focuses on diversifying the production matrix, developing high-potential sectors, democratizing entrepreneurship and innovation, and increasing the productivity and competitiveness of small and medium enterprises. The Council of Social Responsibility for Sustainable Development and the Advisory Council on Gender oversee the implementation of public policies to promote corporate and social responsibility and equality between men and women. The Gender Parity Initiative is a public-private partnership aimed at reducing the economic gender gap. The Promotion Project focuses on ensuring greater representation of women in high-level leadership roles in private businesses.
The national environmental policy establishes conditions and incentives to strengthen sustainability by ensuring quality of life, environmental equity and ecosystem protection, as well as by promoting a green growth strategy through the national action plan on climate change, the national programme for sustainable consumption, and production and market-based instruments for environmental management. Further efforts which focus on the expansion of protected areas include a national biodiversity strategy, the legislative process to establish a Division for Biodiversity and Protected Areas, the Recycling Promotion Act and new plans to combat atmospheric pollution in cities. The environmental impact evaluation system, the promotion of local environmental management and the strategic environmental assessment are advancing sustainable territorial management. The Environmental Training Academy and the network of environmental education centres are also contributing to progress in this area.
Access to justice and the strengthening of institutions, democracy and citizen participation are prerequisites for inclusive and sustainable development. In that connection, the Probity and Transparency Agenda reflects the commitment of Chile to improving the quality of public policy and activities.
In conclusion, Chile reaffirms its commitment to revitalizing the global partnership for sustainable development and global governance mechanisms in pursuit of a peaceful, just and inclusive society free from violence.
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